El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que los Estados miembros mantienen amplias competencias para regular el sector del juego, incluyendo la posibilidad de restringir o prohibir servicios de juego online cuando existan motivos de interés público que lo justifiquen.
La sentencia establece que los operadores deben cumplir con la normativa de cada país en el que ofrecen sus servicios, y aclara que una licencia emitida en un Estado miembro no implica acceso automático a otros mercados de la Unión Europea.
Asimismo, el TJUE reconoce la facultad de los Estados para definir su propio nivel de protección en ámbitos como la protección del consumidor, la prevención de daños relacionados con el juego, el orden público y la canalización de la oferta hacia operadores regulados.
El fallo también subraya que el juego online presenta riesgos específicos superiores al juego presencial, debido a su accesibilidad permanente, el anonimato del usuario, la ausencia de control social y su especial impacto en colectivos vulnerables.
La Asociación Europea de Casinos ha acogido positivamente la resolución, destacando que confirma la relevancia de la regulación nacional en el sector y la aplicación del principio de subsidiariedad dentro de la Unión Europea.
Según la asociación, la decisión refuerza la importancia de contar con marcos regulatorios sólidos que garanticen que la actividad del juego se desarrolle únicamente a través de operadores autorizados y bajo supervisión efectiva, en línea con los objetivos de protección del consumidor y juego responsable.
